LA NUEVA LEY DEL SUELO ESTATAL
Urbanísticamente hablando la Ley del suelo estatal es la que marca las reglas del juego del urbanismo en nuestro País. Ello supone que aunque las competencias en dicha materia estén atribuidas a las Comunidades Autónomas se reserva el derecho a legislar sobre aspectos generales del sector.
El objetivo de esta nueva Ley del suelo era claramente el de bajar el precio de la vivienda interactuando sobre el valor del suelo, pero a las promotoras de nuestro país esto no les ha parecido una buena idea, pues consideran que de esa forma los precios finales de la vivienda libre se verán disparados (según palabras de Marnuel Martí, secretario general de la asociación de promotoras y constructoras de España (APCE), ya que se intenta buscar una mayor sostenibilidad, con mayores espacios libres, el desarrollo de vivienda protegida con la obligación de crear un 25% de VPO y a la vez aumentnado las cesiones al Ayuntamiento para que a su vez ellos levanten edificios de protección (VPPL, VPPA, VPT, VPO...).
Todo esto nos lleva a pensar que los promotores no van a querer bajar sus porcentajes de beneficio, que ronda el 20% por promoción (actitud muy egoista), por lo que presionarán para que el borrador quede modificado o, en caso contrario, repercutirán esa falta de beneficio en la vivienda protegida, intentando que se produzca un aumento del precio del módulo de vivienda protegida o provocando la temida aparación de dinero negro en las operaciones de venta de vivienda de protección.
A la vivienda libre hay que añadir la nueva normativa del código técnico de la edificación, con la cual las calidades de las nuevas construcciones harán que aumente el precio de la vivienda en torno al 1%, un nuevo escollo que deben superar los promotores ante la futura Ley del Suelo Estatal.
Urbanísticamente hablando la Ley del suelo estatal es la que marca las reglas del juego del urbanismo en nuestro País. Ello supone que aunque las competencias en dicha materia estén atribuidas a las Comunidades Autónomas se reserva el derecho a legislar sobre aspectos generales del sector.
El objetivo de esta nueva Ley del suelo era claramente el de bajar el precio de la vivienda interactuando sobre el valor del suelo, pero a las promotoras de nuestro país esto no les ha parecido una buena idea, pues consideran que de esa forma los precios finales de la vivienda libre se verán disparados (según palabras de Marnuel Martí, secretario general de la asociación de promotoras y constructoras de España (APCE), ya que se intenta buscar una mayor sostenibilidad, con mayores espacios libres, el desarrollo de vivienda protegida con la obligación de crear un 25% de VPO y a la vez aumentnado las cesiones al Ayuntamiento para que a su vez ellos levanten edificios de protección (VPPL, VPPA, VPT, VPO...).
Todo esto nos lleva a pensar que los promotores no van a querer bajar sus porcentajes de beneficio, que ronda el 20% por promoción (actitud muy egoista), por lo que presionarán para que el borrador quede modificado o, en caso contrario, repercutirán esa falta de beneficio en la vivienda protegida, intentando que se produzca un aumento del precio del módulo de vivienda protegida o provocando la temida aparación de dinero negro en las operaciones de venta de vivienda de protección.
A la vivienda libre hay que añadir la nueva normativa del código técnico de la edificación, con la cual las calidades de las nuevas construcciones harán que aumente el precio de la vivienda en torno al 1%, un nuevo escollo que deben superar los promotores ante la futura Ley del Suelo Estatal.
Un problema parecido se está estableciendo en la redacción del anteproyecto de la Ley del suelo de la Comunidad de Madrid (del cual están siendo partícipes dos profesores míos, urbanistas ilustres), donde el porcentaje destinado a vivienda protegida se ha aumentado al 50%, quedando aún sin especificar otro punto importante, la cesión del suelo a los Ayuntamientos que rondarían un abanico de entre un 5% y un 15% (banda que se considera demasiado amplia por Jose Manuel Galindo, secretario general de ASPRIMA).
Nos encontramos de esta manera con varios frentes abiertos, y todos ellos, en mi opinión, ponen freno a los altos beneficios que hasta el momento estaban consiguiendo las promotoras de nuestro país (cesiones muy grandes, más vivienda protegida, sostenibilidad sin renunciar al desarrollo, mejores calidades en la edificación...), por lo que la vivienda libre , tal y como he dicho antes, será la que sufra las subidas de los precios más fuertes. Esta consecuencia nos lleva a preguntarnos si el comprador va a poder hacer frente a dichos precios, y aunque todo indica que en un principio sí, por la alta demanda de los últimos tiempos y el alto grado de endeudamiento al que estamos sometidos lso españoles, a la larga, cuando el ciclo no sea tan próspero, el promotor deberá rebajar los precios rebajando a su vez su propio beneficio.
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